Lo que se dijo en Morón
El acto de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) en Morón, con Axel Kicillof como invitado, tuvo un formato poco habitual: los empresarios compartieron una misma mesa y discutieron de manera directa. El resultado fue que, aun coincidiendo en el diagnóstico de crisis, no coincidieron en las causas.
Mientras Alejandro Gentile (UIPBA, ligado a Techint) empujaba la reforma de Ingresos Brutos, Santiago Quetglas, directivo de la Cámara de la Industria del Calzado, marcó una diferencia clara. Su planteo apuntó a tres frentes: la caída del consumo, el contrabando y las dificultades de la producción nacional para competir con el producto importado.
La frase que resume su posición fue directa: ojalá un impuesto pudiera resolver la situación de la industria. El problema, sostuvo, es más amplio, y tiene que ver con la pérdida de mercado y con las condiciones de competencia.
Aportó además un dato propio del rubro: desde 2023 desaparecieron más de 200 empresas del sector calzado.
Los números que hay detrás
El planteo de Quetglas no salió de la nada. Los datos que viene publicando la propia cámara dibujan el contexto:
→ 67 millones de pares importados entre enero de 2025 y mayo de 2026 → 16 millones de pares solo en los primeros cinco meses de 2026 → 80,4 millones de pares fabricados en 2025: 14,5% menos que en 2024 y 25,6% menos que en 2023 → -24% de producción en el primer cuatrimestre de 2026 contra el mismo período de 2025, según INDEC
A eso se suma el impacto en estructura: entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 el sector perdió 6.014 puestos de trabajo y cerraron 165 unidades productivas. La capacidad instalada en uso quedó apenas por encima del 30%.
El pedido concreto de la cámara, planteado en los últimos meses, combina dos cosas: acceso a crédito y sostenimiento de las medidas antidumping vigentes contra el calzado de origen chino.
El otro reclamo: controles
La intervención de Quetglas no quedó aislada. En la misma mesa, Nilda Brovira (CGERA) reclamó medidas frente al ingreso de productos importados y el contrabando, y propuso analizar la creación de una fiscalía provincial especializada para combatir esas prácticas y reforzar los controles sobre las importaciones.
Es decir: además del reclamo por el consumo, quedó sobre la mesa un pedido explícito de mayor control aduanero a nivel provincial. Todavía es una idea, no una medida. Pero es la primera vez que aparece formulada en ese ámbito.
¿Por qué te lo cuento?
Porque esta nota se lee desde el otro lado del mostrador respecto de donde trabajamos nosotros, y conviene decirlo sin vueltas.
Hay un punto donde el diagnóstico de la cámara y el nuestro coinciden por completo: el consumo. Cuando el mercado interno se enfría, ninguna estructura de costos se salva. Ellos lo ven en máquinas apagadas; nosotros, en clientes que consultan y postergan.
Y hay un punto donde no coincidimos, y es honesto marcarlo: el sector pide más controles y sostenimiento de medidas antidumping. Eso es defensa de la producción nacional, y tiene su lógica cuando entraron 67 millones de pares en 17 meses.
Lo que sí conviene distinguir es de qué importación estamos hablando. El reclamo del sector apunta al volumen masivo y al contrabando, no al comercio declarado de escala chica. Pero si una fiscalía provincial de control avanza, el marco cambia para todos. Es algo a seguir de cerca.
